México, D.F.- Académicos universitarios y especialistas del Colegio Nacional de Organizaciones Adherentes (CNOA) del PRI, coincidieron en que la Ley General de Contabilidad Gubernamental abre el camino hacia la transparencia y el buen desempeño de las arcas de los tres niveles de gobierno.
En el Coloquio de Análisis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,celebrado en el auditorio Heriberto Jara del CEN del PRI, los especialistas y miembros del CNOA aseguraron que la correcta aplicación de la nueva normatividad podría evitar actos de corrupción.
Daniel Ventura Uribe, coordinador de Estudios del CNOA, precisó que uno de los mayores alcances de la ley es que cierra la opacidad sobre el manejo de los recursos en los gobiernos estatales y municipales del país, pues evita el manejo discrecional del dinero y aseguró que tan solo en materia de deuda, los estados deben alrededor de 400 mil millones de pesos.
Al respecto, Graciela Velasco González, especialista en comercio mercantil y auditora gubernamental, destacó que existe una problemática en la armonización financiera y la Ley de Contabilidad Gubernamental, toda vez que los programas y el software que deben aplicarse con la nueva normatividad pueden resultar complicados y no responden a la estructura de muchos municipios del país.
“En algunas regiones del país no hay luz y por tanto no hay internet, se desconocen las aplicaciones y se mantiene hoy en día el mismo diseño de reporte de actividades municipales”, sostuvo la especialista.
En su oportunidad, el catedrático de la UNAM, Miguel Ángel García Olivo confío en que la Ley General de Contabilidad Gubernamental cerrará el paso a la corrupción, dispondrá de esquemas que apoyen a la gestión gubernamental, transparentará y homologará la información presupuestal y financiera, así como los pasivos y deuda pública.
“Obliga a los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a integrar en sus balances financieros toda la información relativa a las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores”, concluyó el catedrático.
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