* FGR logra sentencias por pederastia agravada
Por Redacción | Agencia MANL.
Ciudad de México.- La condena de 40 años de prisión contra Daniel “N” y de 22 años contra Elvia “N” por delitos de pederastia agravada y encubrimiento volvió a colocar bajo escrutinio la seguridad de niñas y niños dentro de instituciones educativas públicas en la Ciudad de México, particularmente en zonas de alta densidad poblacional como la alcaldía Iztapalapa.
La Fiscalía General de la República informó que ambos sentenciados, quienes laboraban como servidores públicos del sector educativo, fueron encontrados penalmente responsables de cometer actos sexuales contra dos menores dentro de un jardín de niños. La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, instancia que presentó pruebas suficientes para acreditar los delitos de pederastia agravada y encubrimiento.
Además de las penas de prisión, las autoridades judiciales impusieron multas por 261 mil 429 pesos a Daniel “N” y de 133 mil 993 pesos a Elvia “N”.
El caso revive cuestionamientos sobre los mecanismos de vigilancia y supervisión en planteles educativos públicos, especialmente después de diversos antecedentes registrados en México donde directivos, docentes o personal escolar fueron denunciados por presuntos abusos sexuales contra menores. Organizaciones civiles han señalado en múltiples ocasiones que muchas denuncias permanecen años sin resolverse o enfrentan obstáculos burocráticos y silencio institucional.
Aunque la FGR destacó el resultado judicial como un avance en el combate a la violencia contra menores, persisten dudas sobre posibles omisiones administrativas dentro del plantel donde ocurrieron los hechos. Hasta ahora no se ha informado públicamente si existieron investigaciones internas adicionales, sanciones a superiores jerárquicos o protocolos preventivos posteriores al caso.
Datos de organizaciones dedicadas a la defensa de la infancia indican que los delitos sexuales contra menores continúan siendo uno de los fenómenos con mayor subregistro en el país debido al miedo, la presión familiar y la falta de confianza en las autoridades. Casos similares en entidades como Estado de México, Puebla y Jalisco han exhibido patrones de opacidad institucional y respuestas tardías.
Especialistas en protección infantil han advertido que las escuelas deben dejar de ser consideradas espacios automáticamente seguros y reforzar protocolos obligatorios de denuncia, monitoreo psicológico y supervisión permanente del personal educativo.
La sentencia emitida por autoridades federales representa una de las condenas más severas en un caso de abuso sexual infantil dentro del ámbito escolar reciente; sin embargo, también exhibe una realidad incómoda: los mecanismos preventivos fallaron mientras las víctimas permanecían dentro de un espacio que debía protegerlas.
