**La Fiscalía lo señala por su posible participación en una organización dedicada a delitos en materia de hidrocarburos; la audiencia continuará el 8 de octubre.
Por Redacción | Agencia MANL
Ciudad de México, 4 de octubre de 2026.— Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a Miguel “N”, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) formulara imputación en su contra por su posible participación en el delito de **delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.
De acuerdo con la FGR, el señalamiento corresponde a la modalidad de ocultamiento, con la agravante de servidor público.
La imputación fue realizada por el Ministerio Público Federal adscrito a la **Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La autoridad judicial determinó continuar la audiencia inicial el próximo jueves 8 de octubre, fecha en la que se definirá la situación jurídica del imputado.
Miguel “N” fue detenido en días pasados en Zapopan, Jalisco**, como resultado de un operativo de la FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, con participación de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El caso se encuentra todavía en etapa inicial. Miguel “N” es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
Por Redacción | Agencia MANL
CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos elementos de la investigación contra una presunta red de contrabando de combustible que habría utilizado contactos dentro de instituciones públicas para facilitar el ingreso y distribución ilegal de hidrocarburos en México.
El caso se originó en 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, presentó ante la Fiscalía información sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval. Las investigaciones posteriormente llevaron al aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy Ramos, ese decomiso permitió identificar una estructura más amplia, en la que Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “Los Primos”, habrían tenido un papel central para garantizar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del combustible.
Uno de los principales hallazgos surgió durante el cateo de una bodega que, según la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la Ciudad de México. Ahí fueron localizadas listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados o confidenciales, objetos de lujo y armas sin el registro correspondiente.
La FGR sostiene además que integrantes de la organización habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
La operación presuntamente funcionaba mediante buques que salían principalmente de Texas con hidrocarburos declarados como aceite o aditivo, con lo que se habría modificado su tratamiento fiscal.
Según la Fiscalía, personal público y agentes aduanales presuntamente recibían pagos para permitir el paso de los embarques. Las inspecciones habrían sido simuladas mediante muestreos superficiales, manipulación de volúmenes o liberación de las cargas sin una revisión efectiva.
La investigación también apunta a una posible coordinación para desactivar cámaras durante las descargas, mientras el combustible era introducido al país.
Una vez en tierra, la estructura habría utilizado empresas legalmente constituidas y compañías fachada para distribuir el hidrocarburo y triangular los recursos obtenidos de las operaciones.
La FGR informó que ha identificado operaciones relacionadas con esta investigación en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
El caso permanece bajo investigación judicial. Los señalamientos de la Fiscalía no equivalen por sí mismos a una sentencia definitiva. Fernando Farías Laguna, quien fue trasladado a México desde Argentina y permanece bajo proceso, ha rechazado las acusaciones y sostiene que las pruebas en su contra fueron manipuladas.
Más allá del combustible asegurado, la investigación coloca bajo escrutinio la posible utilización de aduanas, nombramientos, información institucional y mecanismos de vigilancia para facilitar una operación de contrabando a gran escala.
La pregunta central ahora será determinar hasta dónde llegó la red dentro de las instituciones y quiénes más habrían participado en la cadena que permitió el ingreso y comercialización del hidrocarburo.
* Tenía $20 de saldo, pidió cargar $100 y asegura que la taquillera registró primero $95 y después $5; cuestiona si fue un error del sistema o una práctica individual
Por Redacción | Agencia MANL
Ciudad de México.— Lo ocurrido este sábado en la estación Río de los Remedios, de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, generó una denuncia ciudadana que va más allá de una diferencia de cuatro pesos.
El usuario asegura que el problema de fondo es el procedimiento utilizado para realizar la recarga y la posibilidad de que una situación similar pueda estar ocurriendo con otros pasajeros.
De acuerdo con el testimonio proporcionado a Agencia MANL, el usuario acudió por la mañana a la estación acompañado de su familia. Su tarjeta de Movilidad Integrada tenía 20 pesos de saldo y solicitó una recarga de 100 pesos, por lo que esperaba terminar con 120 pesos.
Debido a que las máquinas de recarga no entregan cambio, entregó un billete de 200 pesos a la taquillera.
El denunciante relata que la trabajadora verificó el billete y posteriormente realizó la operación. Al colocar la tarjeta en el dispositivo para revisar el saldo, asegura que observó que éste había pasado de los 20 pesos iniciales a 111 pesos.
El usuario cuestionó entonces a la trabajadora, pues había solicitado una recarga de 100 pesos y esperaba contar con 120.
Según su relato, la taquillera realizó posteriormente otra operación y agregó 5 pesos, por lo que el saldo llegó a 116 pesos.
La explicación que recibió, afirma, fue que inicialmente se habían cargado 95 pesos y posteriormente otros 5 pesos.
El usuario considera que sufrió un cobro indebido de cuatro pesos, pero sostiene que la cantidad no es lo más importante.
El cuestionamiento central es:
Si solicitó una recarga de $100, ¿por qué se realizó primero una operación por $95 y después otra por $5?
Y, sobre todo:
¿La diferencia se originó en el sistema electrónico de recarga o en la operación realizada por la taquillera?
La denuncia no permite establecer por sí sola que haya existido un robo o una conducta ilícita. Para determinarlo sería necesario revisar los registros electrónicos de la tarjeta y de la terminal utilizada en la taquilla.
Sin embargo, el usuario sostiene que la operación que presenció le dejó la certeza de que faltaban cuatro pesos respecto del saldo que esperaba tener, motivo por el cual decidió denunciar públicamente lo ocurrido.
Para el denunciante, la verdadera preocupación es determinar si se trata de un hecho aislado o si otros usuarios pudieran estar enfrentando situaciones semejantes sin detectarlo.
La pregunta que plantea es:
Si en una operación un usuario detecta una diferencia, ¿cuántas personas podrían no darse cuenta de pequeñas diferencias en sus recargas?
Y, en un escenario hipotético, si una diferencia semejante ocurriera de manera repetida en distintas operaciones, ¿cuánto dinero representarían diariamente esas diferencias en el conjunto de las taquillas del Metro?
No existen elementos para afirmar que esto ocurra de manera generalizada. Precisamente por ello, el caso requiere una explicación oficial y, eventualmente, una revisión de los registros de las operaciones.
El caso deja abiertas varias posibilidades.
Podría tratarse de:
Un error o comportamiento del sistema de recarga.
Una equivocación durante la operación realizada por la trabajadora.
Un procedimiento permitido por el sistema que el usuario desconoce.
Una conducta individual que debería ser investigada.
La única manera de establecer qué ocurrió sería revisar el historial electrónico de la tarjeta, el registro de la terminal de la taquilla y, en su caso, las cámaras de seguridad de la estación.
Por ello, la pregunta no solamente es “¿dónde quedaron los cuatro pesos?”, sino qué procedimiento se utilizó para realizar una recarga solicitada por $100 y por qué se registraron, según el testimonio del usuario, $95 y posteriormente $5.
Después de reclamar a la taquillera, el usuario afirma que manifestó su inconformidad ante elementos de seguridad ubicados en la zona de torniquetes.
Posteriormente acudió con la encargada de la estación para explicar lo sucedido y presentar su queja.
Sin embargo, asegura que únicamente fue escuchado y que no recibió un folio, número de reporte o documento que le permitiera comprobar que su denuncia tendría seguimiento.
Para el usuario, esta situación también resulta preocupante.
¿Cómo puede un pasajero saber si una queja presentada directamente en una estación fue efectivamente canalizada y atendida?
El caso ocurre después de que en años recientes se han difundido otras quejas relacionadas con la atención en taquillas del Metro.
En 2024 se hicieron públicos casos de usuarios que denunciaron problemas relacionados con recargas, negativa de servicio y trato recibido por parte de personal de taquilla.
En 2025 también se difundió el caso de una trabajadora captada dormida durante su jornada laboral mientras un usuario esperaba realizar una operación.
Y durante 2026 se han difundido nuevamente señalamientos de usuarios relacionados con el trato recibido en instalaciones del Metro.
Estos antecedentes no demuestran que exista una práctica generalizada, pero sí muestran que las inconformidades relacionadas con la atención en taquillas no son un tema nuevo.
La denuncia abre una pregunta que corresponde responder al propio Sistema de Transporte Colectivo:
¿La administración del Metro conoce este tipo de situaciones y existen mecanismos para detectar diferencias entre el dinero recibido y el monto efectivamente abonado a una tarjeta?
También sería pertinente conocer:
¿Cuántas quejas relacionadas con recargas en taquillas ha recibido el STC durante 2025 y 2026?
¿Cuántas fueron procedentes?
¿Cuántas involucraron diferencias entre el dinero entregado y el saldo registrado?
Y, particularmente:
¿El procedimiento de registrar primero $95 y después $5 corresponde a una operación normal del sistema o debe ser considerado una anomalía?
El propio STC señala que los usuarios deben verificar que el monto abonado durante una recarga sea correcto y cuenta con mecanismos para presentar aclaraciones relacionadas con las tarjetas de Movilidad Integrada.
Por ello, el caso podría ser aclarado objetivamente mediante los registros electrónicos de la operación.
Si el sistema confirma que los movimientos fueron correctos, el Metro podrá explicar al usuario por qué se realizaron de esa manera.
Si existe una diferencia, deberá determinarse su origen.
Y si se trató de una actuación incorrecta de la trabajadora, corresponderá a las autoridades competentes establecer las responsabilidades.
No son los cuatro pesos.
El verdadero cuestionamiento es el procedimiento y los controles que existen para garantizar que cada peso entregado por los usuarios sea efectivamente registrado en sus tarjetas.
Porque si se trató únicamente de un error individual, corresponde aclararlo.
Pero si existe algún procedimiento irregular que pueda repetirse, la autoridad debería detectarlo y corregirlo antes de que afecte a más usuarios.
Por ello, Agencia MANL considera pertinente que el Sistema de Transporte Colectivo revise la operación denunciada en Río de los Remedios y explique públicamente:
¿Por qué una recarga solicitada por $100 habría sido registrada primero por $95 y después por $5?
¿Fue un error del sistema, una equivocación de la taquillera o un procedimiento autorizado?
Y, finalmente:
¿Cuántos usuarios han presentado quejas similares durante 2025 y 2026?
Hasta que exista una explicación oficial, el caso permanece como una denuncia ciudadana que requiere investigación y aclaración institucional.
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Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Estado de México.— Más de 100 amparos directos promovidos por el colectivo Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) fueron presentados ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, donde su fundador, José Humbertus Pérez Espinoza, cuestionó la forma en que magistrados de tribunales colegiados del Estado de México han resuelto algunos de estos recursos.
Pérez Espinoza informó que la reunión dio continuidad a los acuerdos alcanzados durante la movilización del pasado 23 de junio y permitió presentar ante representantes del Tribunal la relación de los amparos, así como los argumentos jurídicos que, sostiene el colectivo, deben ser considerados al momento de resolverlos.
Uno de los puntos centrales fueron 32 amparos directos que fueron repuestos. PIDH sostiene que estos recursos no debieron limitarse a una nueva resolución formal, sino que los magistrados tenían que analizar los argumentos de fondo planteados por la defensa y aplicar los criterios que pudieran representar el mayor beneficio para las personas sentenciadas.
El colectivo también cuestionó la valoración de pruebas testimoniales en diversos procesos penales. Pérez Espinoza señaló que los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del Amparo en Revisión 4/2022 obligan a los juzgadores a revisar la fiabilidad de los testimonios y las circunstancias en las que fueron obtenidos, particularmente cuando constituyen una parte fundamental de la acusación.
De acuerdo con PIDH, esos criterios no aparecen en la resolución de algunos de los 32 amparos repuestos, situación que considera relevante porque podría haber dejado fuera del análisis aspectos relacionados con la presunción de inocencia y la valoración de las pruebas.
Ante el Tribunal de Disciplina Judicial, el colectivo planteó que los magistrados responsables deben aplicar el sistema de precedentes obligatorios y los estándares constitucionales y convencionales vigentes. También advirtió que, si se acredita algún incumplimiento, buscará que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Como siguiente paso, PIDH anunció reuniones con magistrados de los tribunales colegiados que conocen los amparos en Toluca y Nezahualcóyotl. La intención es presentar directamente los argumentos de los recursos que están pendientes y pedir que sean estudiados a fondo.
El colectivo asegura que algunos de los casos corresponden a personas que considera injustamente sentenciadas y que, de existir violaciones procesales o deficiencias en la valoración de las pruebas, los tribunales deben determinar las consecuencias jurídicas correspondientes, incluida la libertad cuando así proceda.
Durante la reunión también se abordó el financiamiento de los amparos. PIDH explicó que los familiares de los promoventes firman acuerdos y realizan aportaciones para cubrir la elaboración y litigio de los recursos, con lo que rechazó los señalamientos de que exista un esquema irregular de cobro.
El colectivo continuará dando seguimiento a los más de 100 amparos ya promovidos y a los nuevos recursos que están por presentarse.
Finalmente la consigna del activista que resume la estrategia que mantiene: “Prisioneros hoy, libres por siempre”.
