Por Redacción | Agencia MANL
Toluca, Estado de México.— Más de 100 amparos directos promovidos por el colectivo Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) fueron presentados ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, donde su fundador, José Humbertus Pérez Espinoza, cuestionó la forma en que magistrados de tribunales colegiados del Estado de México han resuelto algunos de estos recursos.
Pérez Espinoza informó que la reunión dio continuidad a los acuerdos alcanzados durante la movilización del pasado 23 de junio y permitió presentar ante representantes del Tribunal la relación de los amparos, así como los argumentos jurídicos que, sostiene el colectivo, deben ser considerados al momento de resolverlos.
Uno de los puntos centrales fueron 32 amparos directos que fueron repuestos. PIDH sostiene que estos recursos no debieron limitarse a una nueva resolución formal, sino que los magistrados tenían que analizar los argumentos de fondo planteados por la defensa y aplicar los criterios que pudieran representar el mayor beneficio para las personas sentenciadas.
El colectivo también cuestionó la valoración de pruebas testimoniales en diversos procesos penales. Pérez Espinoza señaló que los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del Amparo en Revisión 4/2022 obligan a los juzgadores a revisar la fiabilidad de los testimonios y las circunstancias en las que fueron obtenidos, particularmente cuando constituyen una parte fundamental de la acusación.
De acuerdo con PIDH, esos criterios no aparecen en la resolución de algunos de los 32 amparos repuestos, situación que considera relevante porque podría haber dejado fuera del análisis aspectos relacionados con la presunción de inocencia y la valoración de las pruebas.
Ante el Tribunal de Disciplina Judicial, el colectivo planteó que los magistrados responsables deben aplicar el sistema de precedentes obligatorios y los estándares constitucionales y convencionales vigentes. También advirtió que, si se acredita algún incumplimiento, buscará que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Como siguiente paso, PIDH anunció reuniones con magistrados de los tribunales colegiados que conocen los amparos en Toluca y Nezahualcóyotl. La intención es presentar directamente los argumentos de los recursos que están pendientes y pedir que sean estudiados a fondo.
El colectivo asegura que algunos de los casos corresponden a personas que considera injustamente sentenciadas y que, de existir violaciones procesales o deficiencias en la valoración de las pruebas, los tribunales deben determinar las consecuencias jurídicas correspondientes, incluida la libertad cuando así proceda.
Durante la reunión también se abordó el financiamiento de los amparos. PIDH explicó que los familiares de los promoventes firman acuerdos y realizan aportaciones para cubrir la elaboración y litigio de los recursos, con lo que rechazó los señalamientos de que exista un esquema irregular de cobro.
El colectivo continuará dando seguimiento a los más de 100 amparos ya promovidos y a los nuevos recursos que están por presentarse.
Finalmente la consigna del activista que resume la estrategia que mantiene: “Prisioneros hoy, libres por siempre”.
