Agencia MANL
México, D.F.- Integrantes de la Red Ampliada en Defensa de la Educación (RED) demandan al Tercer Consejo Universitario, que más que asumir una actitud triunfalista ante la firma de las partes, cumplan con su responsabilidad de representar los intereses legítimos de la comunidad universitaria, expresados en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Ante ello, les exigen elaborar de inmediato las agendas legislativa y académica que refuercen la viabilidad y dirección del proyecto universitario, así como la legalidad y la institucionalidad de la UACM, ante el hecho de que la firma de los acuerdos no constituye en sí misma la solución a un conflicto de más de dos años, y de no fortalecerse la vida institucional, el conflicto se aplazará y reaparecerá en cualquier momento.
También les demandan resarcir el clima de impunidad que priva actualmente en la UACM, con la aprobación, antes del regreso a clases, de normas que regulen la convivencia al interior de la institución, acción fundamental para garantizar la convivencia al interior de una comunidad dividida, lastimada y amenazada por los actos de extrema violencia ejercidos contra estudiantes, trabajadores y profesores.
En una carta abierta, los miembros de la RED hacen un recuento de tres meses de conflicto en la UACM y señalan que si bien el lunes 26 de noviembre se firmó un acuerdo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que garantiza la entrega de los planteles, debe tomarse en cuenta que desde hace más de dos años el mismo grupo que mantuvo secuestrados los planteles (conformado por los denominados Consejo Estudiantil de Lucha, Foro Académico, Consejeros Universitarios en Defensa del Voto y la Legalidad, y por la Coordinación Ejecutiva del SUTUACM) orquestó una campaña que tuvo como fin último revocar el mandato de la Rectora, Esther Orozco, cargo que le fue conferido legalmente por la mayoría de la comunidad universitaria.
Indican que esta campaña se ha caracterizado por diversos actos que han atentado contra la vida académica y el fortalecimiento institucional de la Universidad, tales como el cierre de áreas administrativas y la toma de las sesiones del Consejo Universitario ––lo que impidió que este órgano de gobierno cumpliera con sus funciones––, además de actos de acoso, hostigamiento, amenazas y difamaciones hacia diversos integrantes de la comunidad universitaria.
El último acto orquestado por este grupo, agregan los integrantes de la RED, fue el secuestro de planteles, valiéndose de la falta de normatividad, lo que significó incurrir en la ilegalidad y el uso de violencia extrema.
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