México, D.F.- Es nuestro deber como Asociación Civil que defiende los derechos de los usuarios de servicios financieros, declarar nuestra solidaridad con la comunidad española, sobre todo con aquellos a los que hoy se les quiere dejar literalmente en la calle y endeudados de por vida, como si fueran responsables de la crisis provocada por funcionarios y empresarios incompetentes. De diciembre de 2007 a la fecha, una severa crisis hipotecaria en el país ibérico ha dejado a más de 350,000 familias sin vivienda.
Lejos de resolverse con las medidas impuestas por los gobierno españoles, la crisis económica se ha recrudecido, dejando sin empleo a casi el 25% de la población económicamente activa de ese país, lo que ha provocado que las familias españolas no tengan recursos para cubrir los pagos de sus hipotecas.
Según estimaciones, la crisis ha provocado que 1 .7 Millones de hogares españoles no dispongan de fuente de ingresos alguna. Lo más indignante de todo es que quienes están soportando todas las perdidas, son los sectores de menores ingresos que lograron obtener un crédito para adquirir una vivienda.
Por su parte, las instituciones financieras han recibido todas las garantías para continuar entregando ganancias a sus accionistas, a pesar de que ellos fueron quienes provocaron la crisis. Hoy el gobierno de Rajoy les destina miles de millones de euros para rescatarlas con dinero del pueblo español.
En esas condiciones y ante el creciente reclamo social, los bancos españoles acordaron suspender los embargos durante dos años. Si bien esa es una decisión adecuada, es indispensable que ese acuerdo se convierta en una determinación del Estado español, aprobada por el Congreso, que beneficie también a pequeños y medianos agricultores e industriales. Sólo en la medida en que sea una decisión del Estado y parte de una estrategia para resolver el problema de cientos de miles de deudores, éstos tendrán una certidumbre que les permita reconstruir sus vidas y que no dependa de la buena voluntad de los banqueros.
El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho de que toda persona, por el simple hecho de serlo, debe tener un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otras cosas, la vivienda.
Hoy, en España, el gobierno olvidó proteger a las personas para garantizar sus derechos y optó por salvar al capital financiero para asegurar sus ganancias.
Con la decisión de los banqueros apenas se corrige un poco el absurdo en el que se caía al aplicar la Ley, ya que cuando un deudor se declaraba en mora, las instituciones financieras llevaban a cabo juicios para embargar a los deudores.
Pero lo terrible es que no les bastaba recuperar la garantía de los créditos, que era la vivienda misma, sino que al hacer efectiva la garantía, que ellos mismos fijaron, ya no les era suficiente y con ello no se extinguía la deuda, por lo que de manera voraz se quedaban con los demás bienes de los deudores, y además los intereses seguían creciendo mes con mes.
En resumen, actualmente el crédito en España, en manos de los bancos, cajas y cooperativas de crédito, se ha convertido en un eficaz e inhumano instrumento de expropiación de los bienes de los cientos de miles de ciudadanos que recurrieron al crédito para mejorar sus condiciones de vida.
Por lo anterior, exigimos del gobierno español que tome medidas urgentes y atienda las exigencias del propio Poder Judicial de aquel país, para que cambie las leyes y en definitiva haga prevalecer los derechos de los acreditados y limite la ambición voraz del capital financiero, estableciendo límites a los intereses, la dación en pago que extinga las deudas y flexibilice los criterios para hacer obligatoria la renegociación de las deudas, para que el desahucio sea el último recurso, y en que en los casos en que el inmueble sea la única propiedad de la familia que la habita, no sea posible el lanzarlos.
Hoy en España viven una situación que refresca en nuestra memoria la difícil época de la crisis financiera que vivimos en México en 1994, por la cual, por cierto, aún se nos pasa factura a todos los mexicanos. La Red de Usuarios de Servicios Financieros somos herederos de esa gran organización social que es El Barzón, que coordinó la defensa y logró preservar el patrimonio de cientos de miles de familias.
Es por eso que, en solidaridad con las familias que en España sufren la ambición del sector financiero, nos dirigimos al gobierno español para exigirle que por el respeto al artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se cambien las leyes en su país y haga prevalecer los derechos de los acreditados, limitando la ambición irracional del capital financiero.
Actualmente el mundo pasa por un período de definiciones. O se reconoce la importancia fundamental de los valores humanos o sucumbimos ante los mezquinos intereses de unos cuantos que guiados por sus estrechos intereses, han demostrado que son incompetentes e irresponsables.
Lejos de resolverse con las medidas impuestas por los gobierno españoles, la crisis económica se ha recrudecido, dejando sin empleo a casi el 25% de la población económicamente activa de ese país, lo que ha provocado que las familias españolas no tengan recursos para cubrir los pagos de sus hipotecas.
Según estimaciones, la crisis ha provocado que 1 .7 Millones de hogares españoles no dispongan de fuente de ingresos alguna. Lo más indignante de todo es que quienes están soportando todas las perdidas, son los sectores de menores ingresos que lograron obtener un crédito para adquirir una vivienda.
Por su parte, las instituciones financieras han recibido todas las garantías para continuar entregando ganancias a sus accionistas, a pesar de que ellos fueron quienes provocaron la crisis. Hoy el gobierno de Rajoy les destina miles de millones de euros para rescatarlas con dinero del pueblo español.
En esas condiciones y ante el creciente reclamo social, los bancos españoles acordaron suspender los embargos durante dos años. Si bien esa es una decisión adecuada, es indispensable que ese acuerdo se convierta en una determinación del Estado español, aprobada por el Congreso, que beneficie también a pequeños y medianos agricultores e industriales. Sólo en la medida en que sea una decisión del Estado y parte de una estrategia para resolver el problema de cientos de miles de deudores, éstos tendrán una certidumbre que les permita reconstruir sus vidas y que no dependa de la buena voluntad de los banqueros.
El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho de que toda persona, por el simple hecho de serlo, debe tener un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otras cosas, la vivienda.
Hoy, en España, el gobierno olvidó proteger a las personas para garantizar sus derechos y optó por salvar al capital financiero para asegurar sus ganancias.
Con la decisión de los banqueros apenas se corrige un poco el absurdo en el que se caía al aplicar la Ley, ya que cuando un deudor se declaraba en mora, las instituciones financieras llevaban a cabo juicios para embargar a los deudores.
Pero lo terrible es que no les bastaba recuperar la garantía de los créditos, que era la vivienda misma, sino que al hacer efectiva la garantía, que ellos mismos fijaron, ya no les era suficiente y con ello no se extinguía la deuda, por lo que de manera voraz se quedaban con los demás bienes de los deudores, y además los intereses seguían creciendo mes con mes.
En resumen, actualmente el crédito en España, en manos de los bancos, cajas y cooperativas de crédito, se ha convertido en un eficaz e inhumano instrumento de expropiación de los bienes de los cientos de miles de ciudadanos que recurrieron al crédito para mejorar sus condiciones de vida.
Por lo anterior, exigimos del gobierno español que tome medidas urgentes y atienda las exigencias del propio Poder Judicial de aquel país, para que cambie las leyes y en definitiva haga prevalecer los derechos de los acreditados y limite la ambición voraz del capital financiero, estableciendo límites a los intereses, la dación en pago que extinga las deudas y flexibilice los criterios para hacer obligatoria la renegociación de las deudas, para que el desahucio sea el último recurso, y en que en los casos en que el inmueble sea la única propiedad de la familia que la habita, no sea posible el lanzarlos.
Hoy en España viven una situación que refresca en nuestra memoria la difícil época de la crisis financiera que vivimos en México en 1994, por la cual, por cierto, aún se nos pasa factura a todos los mexicanos. La Red de Usuarios de Servicios Financieros somos herederos de esa gran organización social que es El Barzón, que coordinó la defensa y logró preservar el patrimonio de cientos de miles de familias.
Es por eso que, en solidaridad con las familias que en España sufren la ambición del sector financiero, nos dirigimos al gobierno español para exigirle que por el respeto al artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se cambien las leyes en su país y haga prevalecer los derechos de los acreditados, limitando la ambición irracional del capital financiero.
Actualmente el mundo pasa por un período de definiciones. O se reconoce la importancia fundamental de los valores humanos o sucumbimos ante los mezquinos intereses de unos cuantos que guiados por sus estrechos intereses, han demostrado que son incompetentes e irresponsables.
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