México, D.F.- La reforma en telecomunicaciones debe basarse en el respeto a los derechos de libertad de expresión e información así como al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, expresó Luis Castro Obregón, presidente nacional de Nueva Alianza, al ser entrevistado por diversos medios de comunicación acerca de la postura del partido que lidera respecto a la citada reforma que actualmente se discute en el Senado.
El eje de la reforma, destacó Luis Castro, debe satisfacer los derechos fundamentales y cumplir con las condiciones necesarias para una efectiva competencia en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
La neutralidad del internet es una condición básica para garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. Al usuario se le debe garantizar su derecho de libre acceso a contenidos, servicios y aplicaciones sin restricción, bloqueo o discriminación por parte del proveedor. Si se interfiere en las comunicaciones con un estricto control judicial, se violan los principios básicos de los derechos humanos.
El dirigente aliancista manifestó que desde la campaña presidencial del 2012 Nueva Alianza estableció como urgente reconocer el acceso universal a internet y a la banda ancha a precios competitivos como un bien público; garantizar la libertad de expresión en la red como derecho universal ciudadano a expresar -sin censura- ideas, opiniones, posicionamientos y utilizar internet como una plataforma que permita alcanzar una democracia más participativa.
Por ello, dijo, resultan alarmantes algunos apartados y puntos que se incluyen en la iniciativa de reforma de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, porque constituyen un grave retroceso en la política y un abierto incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional presentada en esta materia.
A manera de ejemplo citó la propuesta de crear un “registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo bajo cualquier modalidad, que permita identificar con precisión nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor, tipo de comunicación y servicio, origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de las mismas, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo el código internacional de fabricación, la ubicación geográfica del dispositivo, y los datos que hubiere entregado el titular del servicio”.
Respecto a la transición a televisión digital terrestre, Luis Castro aseguró que es contradictorio, constitucionalmente hablando, aplazar dos años más el apagón analógico. “Al establecer el estándar de cumplimiento con un porcentaje del 90 por ciento de penetración y una ocupación de la banda ancha de los 700 MHz, no se cumplen las medidas necesarias para democratizar su acceso” y Nueva Alianza ha impulsado el que se elimine el espectro ocioso que impide satisfacer los servicios de transmisión de datos de banda ancha móvil, “porque estamos comprometidos con la defensa de las libertades individuales de los ciudadanos”, dijo.
Por su parte, el excandidato presidencial de Nueva Alianza y recién nombrado miembro del Consejo Consultivo del partido, Gabriel Quadri de la Torre, aseguró que no es aceptable que en un Estado democrático exista un aparato universal de vigilancia e intrusión en los ámbitos privados de comunicación de los ciudadanos, y de bloqueo en el acceso a contenidos, aplicaciones y servicios, porque estos recursos sólo conocidos y padecidos en Estados totalitarios.
Quadri fue enfático al declarar que esto atenta contra la libertad de expresión y las libertades individuales “porque se trata de convertir a la Secretaría de Gobernación y otras instituciones armadas y de inteligencia, en una especie de gendarme de la conversación” que bajo el pretexto de garantizar la seguridad nacional y de los ciudadanos, pone en riesgo a la misma ciudadanía.
Quadri de la Torre, expresó que la propuesta de ley no es lo suficientemente clara en temas esenciales para la red como la neutralidad y la no discriminación. “Es vital que no sean los mismos prestadores de servicios de acceso a internet quienes puedan obstruir, interferir o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios cuando los consideren ilegales o ilícitos, o cuando estimen que están abusando del ancho de banda. Ésa es función de la autoridad y sólo debe aplicarse bajo reglas claras y razonables; de lo contrario, existe el peligro de que los grandes proveedores de internet (que también generan contenidos o están asociados con quienes los generan) discriminen a sus competidores reales o potenciales, favorezcan oligopolios, e inhiban la competencia y el desarrollo de pequeñas empresas de contenidos, aplicaciones y servicios”.
El dirigente aliancista manifestó que desde la campaña presidencial del 2012 Nueva Alianza estableció como urgente reconocer el acceso universal a internet y a la banda ancha a precios competitivos como un bien público; garantizar la libertad de expresión en la red como derecho universal ciudadano a expresar -sin censura- ideas, opiniones, posicionamientos y utilizar internet como una plataforma que permita alcanzar una democracia más participativa.
Por ello, dijo, resultan alarmantes algunos apartados y puntos que se incluyen en la iniciativa de reforma de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, porque constituyen un grave retroceso en la política y un abierto incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional presentada en esta materia.
A manera de ejemplo citó la propuesta de crear un “registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo bajo cualquier modalidad, que permita identificar con precisión nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor, tipo de comunicación y servicio, origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de las mismas, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo el código internacional de fabricación, la ubicación geográfica del dispositivo, y los datos que hubiere entregado el titular del servicio”.
Respecto a la transición a televisión digital terrestre, Luis Castro aseguró que es contradictorio, constitucionalmente hablando, aplazar dos años más el apagón analógico. “Al establecer el estándar de cumplimiento con un porcentaje del 90 por ciento de penetración y una ocupación de la banda ancha de los 700 MHz, no se cumplen las medidas necesarias para democratizar su acceso” y Nueva Alianza ha impulsado el que se elimine el espectro ocioso que impide satisfacer los servicios de transmisión de datos de banda ancha móvil, “porque estamos comprometidos con la defensa de las libertades individuales de los ciudadanos”, dijo.
Por su parte, el excandidato presidencial de Nueva Alianza y recién nombrado miembro del Consejo Consultivo del partido, Gabriel Quadri de la Torre, aseguró que no es aceptable que en un Estado democrático exista un aparato universal de vigilancia e intrusión en los ámbitos privados de comunicación de los ciudadanos, y de bloqueo en el acceso a contenidos, aplicaciones y servicios, porque estos recursos sólo conocidos y padecidos en Estados totalitarios.
Quadri fue enfático al declarar que esto atenta contra la libertad de expresión y las libertades individuales “porque se trata de convertir a la Secretaría de Gobernación y otras instituciones armadas y de inteligencia, en una especie de gendarme de la conversación” que bajo el pretexto de garantizar la seguridad nacional y de los ciudadanos, pone en riesgo a la misma ciudadanía.
Quadri de la Torre, expresó que la propuesta de ley no es lo suficientemente clara en temas esenciales para la red como la neutralidad y la no discriminación. “Es vital que no sean los mismos prestadores de servicios de acceso a internet quienes puedan obstruir, interferir o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios cuando los consideren ilegales o ilícitos, o cuando estimen que están abusando del ancho de banda. Ésa es función de la autoridad y sólo debe aplicarse bajo reglas claras y razonables; de lo contrario, existe el peligro de que los grandes proveedores de internet (que también generan contenidos o están asociados con quienes los generan) discriminen a sus competidores reales o potenciales, favorezcan oligopolios, e inhiban la competencia y el desarrollo de pequeñas empresas de contenidos, aplicaciones y servicios”.
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