México, D.F.- Es ilegal e improcedente el presunto proceso de revocación de la Rectora y de otros funcionarios, que pretenden haber aprobado esta tarde consejeros universitarios electos, dado que la única instancia legalmente facultada para este tipo de acuerdos, así como emitir lineamientos y, en su caso, iniciar procesos de esta naturaleza, es el Tercer Consejo Universitario instalado el 22 de agosto de 2012, afirmó el Abogado General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), José de Jesús Izquierdo Ubaldo.
Aclaró que, de acuerdo con los juicios de garantía en materia administrativa federal que se encuentran pendientes por resolver, el Tercer Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) instalado el 22 de agosto de 2012 está legalmente constituido, hasta en tanto haya un fallo final.
Por lo tanto, su competencia se encuentra vigente, y cualquier procedimiento que se lleve a cabo en contra de funcionarios universitarios por una instancia ajena a ese Consejo está fuera de la legalidad, como es el caso de la supuesta destitución de la rectora Esther Orozco.
En estricto apego al marco jurídico de Universidad, las reuniones informales realizadas por el grupo de consejeros electos carecen de validez jurídica, sus actos son nulos de pleno derecho, ya que el reglamento en que se amparan para este tipo de acuerdos fue creado ex profeso recientemente por ellos mismos y, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Con base en estas especificaciones legales, la UACM calificó esta reunión de consejeros como un nuevo intento por desestabilizar la Universidad, sus estatutos y a los universitarios, que con esfuerzo tratan de normalizar sus actividades cotidianas, luego del paro que duró 102 días y concluyó el año pasado.
Para la institución, no solamente el presunto proceso de revocación de la Rectora, sino también el supuesto reglamento de responsabilidades universitarias y los procedimientos para sancionar a funcionarios de la institución, surgidos de las reuniones de esos conejeros paristas, carecen de validez y no tienen ningún efecto en la vida universitaria.
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