México, D. F.- Taxistas Organizados de la Ciudad de México establecieron un plazo de dos semanas para que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera actúe contra las 6 formas de pirataje detectadas, se les entreguen sus placas reportadas como robadas y detengan los abusos en su contra. De lo contrario, habrá movilizaciones, advirtieron.
En conferencia de prensa celebrada frente a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, los representantes de las diferentes organizaciones de taxis concesionados de la Ciudad de México, denunciaron un padrinazgo y complicidad por parte de las autoridades capitalinas hacia los servicios irregulares de transporte de pasajeros, quienes circulan con total impunidad provocando pérdidas económicas diarias de 24 millones de pesos para los transportistas concesionados.
“Resulta más ventajoso traer un taxi pirata que un taxi regular. El transporte concesionado tiene una calidad más alta, cuenta con seguro para el pasajero y tiene una carga fiscal de la que están exentos los piratas”, aseguró Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación de Taxistas Regulares del DF, quien criticó la protección que desde el gobierno reciben organizaciones como Los Pantera y particulares que ofrecen servicio a través de las aplicaciones Uber y Cabify, contraviniendo las mismas normas formuladas por el gobierno.
Ignacio Rodríguez alertó sobre la total impunidad con la que operan estas aplicaciones que no están reconocidas por la ley, que no cuentan con padrón, no ofrecen garantías reales sobre la protección del usuario y están fuera de la ley pues incumplen con todas las disposiciones normadas por el gobierno para prestar este servicio, “claramente es un fomento a la informalidad y a la inseguridad, porque no hay ningún padrón en el gobierno para que el usuario tenga la garantía de tener un transporte seguro”, reiteró.
Por medio de su vocero, Daniel Medina, también se quejaron del indiscriminado número de concesiones que llega a más de 140 mil, cifra que consideraron suficiente para cubrir la demanda de la ciudad. “Además de luchar día a día contra el abuso de quienes detentan la autoridad, para poder ganar el sustento diario y mantener nuestras unidades en las mejores condiciones posibles, también tenemos una competencia desleal en todos los demás "servicios piratas” protegidos por las autoridades.
Enumeraron a la competencia desleal o pirataje:
1-. El rural. Servicio que prestan con vehículos muy antiguos y sin ninguna clase de señalización en delegaciones colindantes con municipios del Estado de México y zonas altas del Distrito Federal.
2.- El cromatizado pero con placas particulares tanto del Estado de México, otros estados o del Distrito Federal, como el grupo Pantera y otros, impulsados desde las estructuras de gobierno o corrientes políticas, como grupos clientelares.
3.- El llamado Ejecutivo, sin cromática ni placas de taxi, es decir, con placas particulares.
4.- Los moto taxis, bici taxis y golfitaxis (estos últimos con carros de golf), igualmente sin regulaciones, los que también son grupos clientelares.
5.- El taxi ejecutivo Metropolitano con placas particulares.
6.- Y las aplicaciones como la estadounidense Uber y la española Cabify.
Al respecto de las aplicaciones, Medina dijo que “con estas aplicaciones sufrimos un pirataje abierto y publicitado, pero, además, cubierto por las propias autoridades debido a que quizá por falta de visión, desconocimiento o a propósito, han dejado lagunas y vacíos en las leyes no sólo del ámbito local, sino también federal”.
Pusieron como ejemplo la publicación en el Diario Reforma del 19 de octubre, donde la encargada de comunicación de Uber, Rocío Paniagua, dio a conocer que están protegidos por alguna de las dependencias del Gobierno, ya que mediante un correo electrónico a sus ‘socios’ les informaron algo que a nosotros nos parece muy grave. Dice así: “Para apoyarte en estas zonas tendremos un servicio Seguridad Control de patrullaje disuasivo y de coordinación con Seguridad Pública en la zona de Arcos Bosques y de Antara”, mensaje, que incluye los teléfonos de las patrullas en caso de algún altercado.
Es decir, aseguró el vocero de los Taxistas Organizados de la Ciudad de México, que se utiliza a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal para defender a la ilegalidad, mientras miles de ciudadanos todos los días están expuestos a ser víctimas de la delincuencia.
Para incrementar el perjuicio en su contra que da la impresión de querer acabar con ellos para entregar el servicio a empresas extranjeras, Medina denunció las detenciones arbitrarias por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía de Investigación, quienes remiten sus taxis al búnker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para acreditar la propiedad del vehículo por falta de placas, cuando han sufrido el robo de sus vehículos. Los taxistas solicitaron al titular del GDF que gire instrucciones al Procurador para que los reciba y explique qué programa aplica para detener a sus compañeros por 12 horas o más.
Finalmente exigieron al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, terminar con todas las acciones que hoy día merman sus ingresos y solicitaron que envíe de inmediato a la Asamblea Legislativa una iniciativa para frenar la existencia de las aplicaciones como UBER y Cabify, que incumplen con los ordenamientos para el transporte de pasajeros, como lo han demostrado en otros países como Alemania, Francia, España y Colombia.
Así también que se realicen operativos contra todas las formas de pirataje taxista; se concluya el trámite de reposición de placas de las unidades que les han sido robadas, para evitar la extorsión a nivel megalopolitano; y se mantengan vigentes las concesiones actuales para que no se pierda su historial luego de haber sufrido el robo de sus unidades; y que en tanto no exista certeza jurídica y ordenamiento del transporte, tampoco se abra la concesión del llamado taxi metropolitano.
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