Agencia MANL
Ciudad de México.- En la conferencia mañanera, se dio a conocer una serie de casos donde el Poder Judicial ha beneficiado a delincuentes, generando un debate sobre la transparencia y justicia en México.
Uno de los casos más polémicos es el de Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado de tortura. La jueza Angélica del Carmen Ordoño Suárez permitió su salida del penal, bajo la condición de portar un brazalete electrónico. Similar fue el beneficio otorgado por el juez Juan Pedro Contreras Navarro a Emilio "N", exdirector de Pemex, vinculado a casos de corrupción. Contreras anuló la medida cautelar de prisión preventiva, dejándolo en libertad.
Jueces como Jesús Alberto Chávez Hernández y Adriana Yolanda Vega Marroquín han negado órdenes de aprehensión contra personajes clave, como Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN relacionado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y Francisco Javier "N", exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada.
Además, se destacaron casos de Javier "N", exgobernador de Veracruz, y Genaro "N", extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes fueron favorecidos por magistrados y jueces, negándoles órdenes de aprehensión.
Otro caso de impunidad es el de Israel Vallarta, quien lleva más de 18 años sin una sentencia, acusado de secuestro en un montaje televisado. Junto a él, más de 24 mil personas enfrentan procesos penales federales sin sentencia. De estos, mil 326 han esperado entre 5 y 10 años, 2 mil 488 entre 10 y 15 años, y 232 personas llevan más de 20 años en prisión.
Magistrados también han otorgado amparos a figuras como Javier "N", presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia "N" en Puebla, y a miembros del CJNG, como en el caso de la devolución de propiedades de lujo a 13 personas vinculadas al cartel.
Otro nombre destacado es el de Jesús Murillo "N", exprocurador vinculado al caso Ayotzinapa, quien fue beneficiado con un cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria. Asimismo, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue trasladado a prisión domiciliaria por la jueza Hortensia García Rodríguez, mientras que Emilio "N" también recibió libertad gracias a un amparo.
Durante los fines de semana, jueces como Diana Montserrat Partida Arámbulo y José Luis Hernández Hernández liberaron a presuntos miembros de cárteles como "El Fantasma" del Cartel de Sinaloa y "El Memo" de la Fuerza Anti-Unión Tepito, generando cuestionamientos sobre las decisiones judiciales tomadas en esos días.
Además, la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, expuso más casos de jueces que liberaron a criminales durante fines de semana, beneficiando a personajes como José Eliseo "N" de Los Zetas y Itiel "N" del CJNG.
Por otro lado, el nepotismo en el Poder Judicial se ha vuelto alarmante, con un 49% del personal teniendo al menos un familiar en la institución. Los magistrados tienen, en promedio, 4.7 familiares trabajando dentro del Poder Judicial, y algunos empleados tienen hasta 26 parientes en la misma institución.
Las denuncias contra jueces por corrupción e injerencia política también son constantes. De 2004 a 2023, se presentaron 38 mil quejas contra el Poder Judicial, de las cuales solo un pequeño porcentaje se investigó, y apenas 472 jueces y magistrados fueron sancionados. Las sanciones van desde apercibimientos hasta destituciones, pero la mayoría de los casos quedan impunes.
Finalmente, la injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales también fue denunciada, con ejemplos como la cena organizada por la ministra Piña con líderes políticos, lo que ha levantado suspicacias sobre la imparcialidad de la Suprema Corte en el proceso electoral.
Esta serie de irregularidades subraya la necesidad urgente de reformar el Poder Judicial en México, tanto para garantizar justicia como para erradicar la impunidad que favorece a delincuentes y funcionarios corruptos.
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