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Agencia MANL
Ciudad de México.- Se presentaron 7 (siete) denuncias ante la Fiscalía Capitalina en contra de Layda Sansores y servidores públicos de su gobierno en la Alcaldía Álvaro Obregón, derivadas de diversas irregularidades que implican un daño patrimonial por un monto global de casi 120 millones de pesos.
Estas irregularidades configuran:
• Diversas irregularidades administrativas; y
• Delitos por corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Estas denuncias son por:
• 3 programas sociales con un daño por 70.8 millones de pesos.
• 3 contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos, y
• 1 convenio con una asociación civil con un daño por 8.2 millones de pesos.
Todo este dinero era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a los más necesitados de la alcaldía y lo desaparecieron.
Por eso estamos aquí denunciando y dando cuenta de ello.
Es nuestro deber denunciar estas irregularidades porque es lamentable que se haya hecho mal uso de recursos destinados a la gente más vulnerable y afectada por la pandemia.
Estas mismas denuncias serán presentadas en la Secretaría de la Contraloría, para combatir la rampante corrupción que dejó Layda en la alcaldía, instancia donde ya hemos entregado 150 observaciones a actas de entrega-recepción, de las cuales no hemos recibido respuesta.
Nuestra obligación es seguir combatiendo la corrupción, por eso presentamos estas nuevas denuncias.
Los temas que vamos a denunciar son los siguientes:
1. Mercomuna:
Este programa se creó en mayo de 2020, en plena pandemia, con el objetivo de apoyar la economía de familias vulnerables, así como de comercios locales.
Contó con un presupuesto de 31.2 millones de pesos.
A las familias en vulnerabilidad se les debían entregar vales por montos entre $500 y $1,050 pesos y con ellos, podrían adquirir bienes básicos en comercios que se afiliaran al programa.
Al final, los comercios canjearían los vales en la alcaldía por dinero en efectivo.
Tres de los problemas que detectamos son:
• No hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados.
No se realizó el censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón no cuenta con toda la información que exige la Ley.
El padrón de comercios no existe.
• Se operó con muchas irregularidades:
o Se encontraron beneficiarios que recibieron vales en dos o tres ocasiones, cuando las reglas señalaban que sólo podrían hacerlo una vez; también se detectaron personas fallecidas y personal de la alcaldía.
o Hay firmas de servidores públicos que recibieron dinero en efectivo a cambio de vales de este programa.
o Al finalizar el programa, la alcaldía debió dejar evidencia de la entrega de los 31.2 millones de pesos a todos los beneficiarios y a los comercios, y esta evidencia no existe.
• Lo más delicado: la entonces directora de finanzas hizo cheques a su propio nombre por los 31.2 millones de pesos, que fueron cobrados por ella misma y por funcionarios de la alcaldía.
2. Contrato de servicios firmado en 2020 con Walther David Patrón Bacab
• El objeto fue un servicio de difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales.
• El monto fue por casi 3.4 millones de pesos.
• No hay evidencia del servicio brindado; es decir, no hay entregables según se especificó en el contrato.
• Se presume que se trató de un contrato simulado.
3. Contratos de adquisición de calentadores solares y de paso.
• El objeto de estos contratos fue la adquisición de 5,658 calentadores solares para 81 colonias, por un monto de 31.2 millones de pesos.
• Y de 1,078 calentadores de paso para 14 colonias por 5.4 millones de pesos.
• Ambos como parte de los presupuestos participativos 2019.
• No se pudo comprobar que los calentadores comprados fueron los recibidos en almacén. No existe esta evidencia en las facturas ni en las notas de remisión.
• La entrega de los calentadores no se hizo a los beneficiarios finales sino a los coordinadores ciudadanos, por lo que no se tiene certeza de su destino final.
• Adicionalmente, no hay evidencia de entrega de 765 calentadores solares y 181 de paso.
4. Convenio con una Asociación Civil para la ejecución de un proyecto llamado “alcaldía inteligente”.
• El convenio tenía por objeto instalar puntos WIFI en edificios públicos de la alcaldía, digitalizar las bibliotecas y al final donar equipos y software a la alcaldía.
• Tuvo un monto de 8.2 millones de pesos.
• No se realizó la conversión de bibliotecas públicas a bibliotecas digitales y no hay evidencia de las zonas WI-FI que se hayan instalado.
• No se formalizó convenio de donación para la entrega de equipos y software.
• Por lo tanto, no se justifica el gasto.
5. Programas sociales: “Promoción del autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria”; y “Promotores del Desarrollo Social”.
• El programa “promoción del autocuidado (…)” tuvo por objetivo brindar cursos, talleres, bailoterapia, ejercicio físico y mental a adultos mayores y población prioritaria.
• Tuvo un presupuesto en los tres años de 12 millones de pesos.
• No hay evidencia que se hayan realizado los 240 mil servicios programados para los 3 años. En especial, cuando en 2020 y 2021, las instalaciones de la alcaldía estuvieron cerradas por la pandemia.
• El programa “Promotores del desarrollo” tuvo por objetivo atender a la población de zonas de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Social.
• Tuvo un presupuesto de 27.6 millones de pesos en los 3 años.
• No se cuenta con evidencia de haber alcanzado la meta de usuarios finales: 70,500 en 2019 y 190 mil en 2020 y 2021.
• Adicionalmente, los padrones de los facilitadores y promotores tienen muchas irregularidades:
o No se encontraron todas las pólizas y comprobantes de pago;
o Se detectaron cheques cobrados donde el RFC del beneficiario demuestra que eran servidores públicos de la alcaldía;
o Las pólizas de cheque están incompletas.
• Lo más grave: en 2019, Promoción del autocuidado se publica en gaceta el 5 de diciembre, se autoriza internamente el 12, pero se paga a los beneficiarios por servicios prestados en noviembre y diciembre. Es decir, antes que el programa fuera autorizado.
El daño patrimonial de todo esto que hoy denuncian se estima que suman casi 120 millones de pesos.
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