Agencia MANL
Ciudad de México.- El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, considera que la impunidad, corrupción y los bajísimos índices de enjuiciamiento se han mantenido con una frecuencia alarmante para todos los delitos, incluidos los abusos contra las garantías individuales.
Su cofundador, José Antonio Lara Duque, urgió a las autoridades del gobierno federal a poner énfasis a la reforma dirigida al Poder Judicial mexicano para evitar que la ciudadanía deje de denunciar —o la autoridad a investigar—la comisión de delitos.
“Es impostergable que la perspectiva a favor de los derechos humanos y el freno a la corrupción que impulsa el ministro presidente Arturo Zaldívar, al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se garantice con el arribo de la persona que cubra la vacante del ministro Fernando Franco el próximo 12 de diciembre”, expresó.
El abogado del colectivo afirmó que al interior del máximo circuito judicial hay resistencia aún para aceptar la perspectiva a favor de los derechos humanos ante la arraigada política que se ha desarrollado en algunas regiones del país desde hace más de siete décadas.
“Por ejemplo, en el estado de México es inconcebible que tras una reforma al marco legal en materia de amnistía, y con pruebas, haberse demostrado que hay una parte importante de personas privadas de su libertad de manera injusta, aún están en prisión.
“Hemos señalado la necedad de la autoridad judicial para reconocer que se cometieron abusos o se registraron inconsistencias al debido proceso, y aún así, las personas injustamente presas no hayan obtenido su libertad en este momento”, explicó.
“Se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos opten por solicitar amnistía al no ser un proceso asequible”, relató al tiempo de saludar los perfiles que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República.
“Hacemos un voto de confianza para que los legisladores federales opten por la mejor carta que logre agilizar un cambio de paradigma al interior del Poder Judicial federal a través de cualquiera de los juristas: Bernardo Bátiz Vázquez, Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf”, sostuvo.
Reconoció que una vez desahogado el proceso legislativo, la persona designada contribuirá para darle continuidad al objetivo de la Ley de Amnistía —impulsada por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador— para “construir la justicia social y hacer valer los derechos de todas las personas, de manera particular las más vulnerables”.
“A pesar de que existen pronunciamientos por parte del organismo público los impartidores de justicia del Poder Judicial mexiquense han criminalizado de manera sistemática a las personas injustamente presas, a pesar de ser inocentes”, explicó.
“Hay impartidores de justicia en México que carecen de los elementos para interpretar, por ejemplo, que una persona indígena tiene una serie de garantías jurídicas por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable en el país; en el mismo caso están: menores de edad, personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres, entre otros grupos más”, dijo.
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