Agencia MANL
Ciudad de México.- Al menos el 30 por ciento de las personas privadas de su libertad recluidas en alguno de los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México están encarceladas mediante delitos fabricados, además de que llevan años presas sin recibir sentencia y se les ha violentado su debido proceso, denunció el director de la Comisión Interdefensora de Derechos Humanos en Centros Penitenciarios A. C., Manuel González Luna.
Al encabezar este miércoles una marcha en el Zócalo capitalino para intentar entregarle al presidente Andrés Manuel López Obrador un pliego petitorio donde solicitan la intervención del titular del Poder Ejecutivo Federal para atender esta problemática, el abogado informó que al menos 8 mil 100 personas de las cerca de 27 mil que actualmente están privadas de su libertad en la Ciudad de México son inocentes y están en reclusión porque se les han fabricado delitos además de que están en prisión desde hace años sin recibir sentencia o purgan sentencias excesivas, lo que vulnera sus derechos más elementales como lo es el debido proceso.
González Luna explicó que las personas que se encuentran privadas de libertad en su gran mayoría “son aquellas de menos recursos económicos, que no han tenido acceso a una adecuada defensa y que por tanto son víctimas de una discriminación constante en el transcurso de los procesos penales que siguen”.
Informó que la discriminación para acceder a la justicia, su politización y la fabricación de delitos, es una constante causa de encarcelamiento de inocentes, pues cada vez es más frecuente observar que la fabricación de delitos, las sentencias excesivas y la falta de un de un debido proceso, que dificultan la impartición de justicia y el Estado de Derecho en nuestro país.
El abogado expuso que la labor de la Comisión Interdefensora de los Derechos Humanos en Centros Penitenciarios es ser la voz de las Personas Privadas de la Libertad y apoyados en eI espíritu de justicia del Estado, hacen un pronunciamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal constitucional del país, a la Presidencia de la Republica, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y a la Jefatura de Gobierno de la CDMX “en virtud de lo cual vemos como una agravio en nuestros derechos fundamentales por actos de autoridad y omisión en lo que corresponde a la politización de la justicia, la fabricación de delitos y las sentencias excesivas dictadas por los jueces”.
El abogado expuso que es indispensable un esquema que otorgue a esta población el beneficio de una preliberación que permita la reinserción de estas personas privadas de su libertad, considerando que se trata de personas inocentes encarceladas de manera injusta.
Dijo que “es común la equivocación grave de algunos órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones judiciales, y por tanto se cometan fallas en los procesos contra los imputados, lo que da como consecuencia una cadena de errores judiciales que violan los Derechos Humanos reconocidos en los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte.
Por lo tanto, “la Comisión lnterdefensora de Derechos Humanos en Centros Penitenciarios A.C solicita a las instancias señaladas nos ayude a solucionar de manera más especifica esta problemática que durante años ha sido olvidada.
“Pedimos se nos considere, con el objetivo que se forme un Consejo Ciudadano y una mesa de diálogo para que con ayuda de la ciudadanía podamos colaborar en la reinserción social, así como en el desarrollo de política publicas que realmente ayuden a las personas que se encuentran en reclusión mal sentenciados por un delito no cometido; sabedores de que en México no existe la figura del error judicial”.
Considero que pese a algunas deficiencias en la impartición de justicia en nuestro país “es posible trabajar con apoyo de la sociedad civil organizada para logar cambios estructurales que propicien un mejor funcionamiento en la administración de la justicia, en especial para aquellos que se encuentren más vulnerables, y por los cual el Estado está comprometido en resarcir los daños causados por actos legislativos e incluso judiciales como la aplicación incorrecta de las leyes, que en vez de estimular un bien común en la sociedad muchas veces ha generado discriminación e injusticia para los que menos tienen”.
Tras celebrar el anunció del presidente López Obrador sobre un posible decreto que beneficie a ciertas personas privadas de la libertad, pidio que exista proporcionalidad en la justicia. “Por eso nos unimos y hacemos una petición para que el Decreto Presidencial anunciado por el titular del Ejecutivo, sea extensivo a todas aquellas personas privadas de la libertad mediante delitos fabricados, que no han recibido sentencia y a quienes se les haya violentado el debido proceso”, concluyó.
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