Toluca, M{ex.- Aun cuando las acusaciones en su contra cayeron por propio peso al no estar sustentadas y pese a haber cumplido una sentencia que le permiten obtener su pre liberación, las irregularidades en el proceso y una política penitenciaria errada, lo han llevado a pasar ocho años en la cárcel pese a haberse comprobado su inocencia.
Por ello, familiares, amigos y compañeros de trabajo, acudieron este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar que el proceso de indulto promovido por Alberto Martínez Sosa, contratista de profesión, sea atraído por esta instancia una vez resuelto el conflicto competencial, ya que se tiene el temor que si se regresa a Toluca se siga manipulando en su contra.
Este es tan sólo uno de los cientos de casos que han llevado a la población en general a desconfiar de las autoridades encargadas de administrar, procurar e impartir justicia, donde señalamientos sin sustento y procesos bajo consigna, conlleven a que en las cárceles del Edo Méx y el DF, un 67 por ciento de los sentenciados sean inocentes, explicó el Especialista y Maestro Leonardo Gama García.
Señaló que Alberto Martínez Sosa fue sentenciado a 20 años de prisión por supuestamente privar de la libertad a dos militares en 2007 en el municipio de Luvianos, Estado de México.
Sin embargo, las supuestas víctimas señalaron en su declaración que los responsables “iban encapuchados” y que no les vieron el rostro, pero en sus declaraciones posteriores dijeron identificar a Martínez Sosa; acusaciones que ante la falta de contundencia y contradicciones se vinieron a tierra a la presente fecha.
Otra acusación que también fue desechada por no estar sustentada y sin elementos necesarios, fue que el día que detuvieron Alberto Martínez Sosa, aun cuando portaba una suspensión de amparo, le fincaron posesión de droga; sin embargo, este señalamiento tampoco se le pudo comprobar, pues fue absuelto de ello agregó el abogado Leonardo Gama García.
ANTECEDENTES
Según lo asentado en su expediente judicial; de los cuales ha pasado ocho años privado de su libertad.
- A la fecha el reo pide un indulto al Presidente Enrique Peña Nieto, pues insiste en su inocencia que sustenta con todas y cada una de las serie de irregularidades que existen en su proceso penal, pero principalmente con la propia “confesión que realizaron diversos Ministerios Públicos Federales en cuanto a la falsedad de su señalamiento como responsable”.
- Al momento de su detención, Alberto Martínez Sosa era contratista del Ayuntamiento de Luvianos, en el Estado de México, previo a ello trabajó como herrero y pintor en Estados Unidos.
- Originario de Huetamo, Michoacán, cuando fue detenido por elementos del Ejército Mexicano, Martínez Sosa acompañado de su esposa y sus menores hijos portaba una suspensión provisional otorgada por un Juez Federal, pues de manera anónima dos de sus propiedades en Luvianos fueron denunciadas como sitios donde se observaban personas armadas, además de armas de fuego, lo cual él rechaza hasta la fecha.
- Tales hechos derivaron de lo ocurrido el 6 de octubre de 2007, cuando dos oficiales del Ejército, que esperaban a dos de sus mandos los cuales se encontraban platicando con el edil de Luvianos Francisco Arce Ugarte en un automóvil particular, fueron “levantados” por un grupo de hombres “encapuchados” en pleno centro de Luvianos, al confundirlos con integrantes de un grupo rival, pero al constatar que eran integrantes de la milicia inmediatamente los liberaron.
- Posteriormente, en fecha primero de noviembre del año dos mil siete, Martínez Sosa fue detenido cuando circulaba por la carretera que lleva Tejupilco, pero no por dichos hechos, sino que le fue iniciada la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/254/2007, pues supuestamente le encontraron un pequeño envoltorio de cocaína, acusación que después fue desechada, aunque sirvió para detenerlo, burlar la suspensión de amparo y luego vincularlo con el caso de los militares, ilegalmente.
- Durante su juicio, Martínez Sosa contó con el testimonio del entonces Alcalde de Luvianos, Francisco Ugarte, pues la mañana en que fueron “levantados” los militares, el ahora sentenciado se encontraba en casa del presidente municipal, donde también lo vieron diversos funcionarios municipales y empleados del edil que estuvieron presentes en dicha reunión.
- Pese a ello en 2008 fue sentenciado, un año después perdió el recurso de apelación y sucesivamente el amparo directo para revertir el fallo, pero en 2011 se inició una averiguación previa por la desaparición de la camioneta que conducía el día de la detención, pues a la fecha nunca le fue devuelta, ignorando si se la robaron elementos de la milicia o de la Procuraduría General de la Republica, donde saltaron indicios de su inocencia, como lo fue la versión de varios funcionarios ministeriales de la PGR, incluido el entonces Subdelegado, quienes reconocieron que no sabían por qué se había asegurado a Martínez Sosa, quien fue señalado por instrucciones superiores.
- El argumento principal para encarcelar a Martínez Sosa fue la versión de los dos militares “levantados”, quienes en una primera declaración no lo identificaron como el autor del ilícito, sino hasta después de que fue cateada la casa del hoy sentenciado.
- La defensa del luvianense presentó dos recursos más para terminar su reclusión: una presunción de inocencia, que también fue rechazada al considerarse que las nuevas pruebas no desvirtuaban las que llevaron a la cárcel al acusado, y finalmente la petición de indulto dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, al argumentarse violaciones a los derechos humanos, al debido proceso penal y principalmente al existir indicios graves de violación a los derechos fundamentales, que también fue rechazado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República por falta de legitimación, quien inclusive interpuso una revisión adhesiva para que Alberto Martínez Sosa no fuera indultado.
- A la fecha sigue litigándose la potestad que tiene Martínez Sosa para solicitar el indulto al Presidente Enrique Peña Nieto, misma que se encuentra en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación por estar pendiente un conflicto de competencia.
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