México, D.F.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas propuso ante los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), senadores y diputados federales, que los elementos de las policías estatales del país que no aprueben los exámenes de confianza, debido a cuestiones físicas, como sobrepeso o discapacidad, sean reasignados a funciones no operativas, y planteó la creación de un programa dirigido a aquellos uniformados que sean dados de baja por otras razones y se acredite que no tienen vínculos con la delincuencia, para que les ofrezca la oportunidad de iniciar proyectos productivos para obtener ingresos de manera lícita.
“Yo plantearía la importancia de revisar los no aptos, porqué resultaron reprobados y cómo podríamos poder coadyuvar apoyarlos para que puedan ser aptos en algunos de los perfiles, hay tantas categorías, comisario, comandante, subcomandante, radio operador, jefe de turno, policía R1, policía R2, policía R3; claro, aquellos que estén vinculados con la delincuencia o que definitivamente esté comprobado su participación en actos delictivos, claro que no pueden estar en las filas de la corporación. Aquellos elementos que no fueron aprobados por circunstancias diferentes, podamos darles alguna oportunidad, a algún programa o algún proyecto productivo, alguna alternativa para que puedan sacar adelante a sus familias”, indicó el gobernador del Estado de México.
Durante esta reunión, a la que asistieron 15 gobernadores del país, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, senadores y diputados federales, Eruviel Ávila se sumó a la solicitud expuesta por sus homólogos, para que el pleno de la Cámara de Diputados federal amplíe el plazo establecido para concluir las pruebas de control de confianza en las entidades del país, el cual concluye el próximo 29 de octubre, y para lo que es necesario modificar los artículos 3º y 13º transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que ninguna demarcación logrará llegar al 100 por ciento en la certificación de sus cuerpos policiales en este plazo, y agregó que en los presupuestos estatales no se contempla la indemnización de aquellos efectivos que sean dados de baja.
“Reitero la solicitud, senadoras, senadores, diputados, que nos apoyen por favor para modificar este artículo transitorio. Sí, es un tema relacionado al plazo, efectivamente, plazo que, desde luego, prácticamente ninguna entidad, ningún municipio del país tenemos cumplido al 100 por ciento, llegamos a este plazo sin cumplir al 100 por ciento. Hay que reconocerlo, por diferentes razones, por diferentes circunstancias”, dijo.
El gobernador informó que hasta el momento, de los 18 mil 659 elementos estatales evaluados en el Estado de México, 90 por ciento, es decir 16 mil 797, aprobaron las pruebas de control de confianza, mientras que el 10 por ciento restante, mil 862, no las acreditaron y consideró que la experiencia y el talento de estos últimos puede ser aprovechada en funciones de radiocomunicación, en análisis de criminalística, tareas administrativas u otras, ya que así contribuirán a mejorar las acciones emprendidas en la lucha contra la delincuencia.
Asimismo, indicó que los elementos de las policías de las entidades del país que lleven a cabo su trabajo con honestidad, compromiso y apego a la ley, deben ser incentivados con estímulos que les permitan mejorar sus condiciones labores y económicas, ya que su papel es fundamental para mantener la paz social en el país.
En su intervención, César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Conago, indicó que los mandatarios de las 32 entidades federativas coincidieron en establecer una estrategia que permita evaluar correctamente a los policías, e impedir que aquellos que resultaron confiables por su desempeño en las instituciones de seguridad sean dados de baja al no aprobar un examen de certificación, sino que sean removidos, ya que de esta forma no se asume el compromiso de pagar su liquidación.
En la reunión estuvieron también representantes de las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala; el senador Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y el diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de la Unión, así como integrantes de ambas comisiones.
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