Acompañada por el Abogado General de la UACM, José de Jesús Izquierdo Ubaldo, y por Carlos Arriaga, Secretario Técnico del Tercer Consejo Universitario, la licenciada Cuenca explicó que los integrantes del autonombrado “Consejo Universitario” no tienen legitimidad para remover ni nombrar nuevos funcionarios, entre otras razones, porque les han sido suspendidos, temporalmente, sus derechos como miembros de la comunidad y “no podrán ejercer el cargo o comisión que venían desempeñando o agruparse y organizarse en ningún órgano colegiado dentro de la Universidad”.
Aclaró que la suspensión de 29 académicos y un administrativo ejecutada por la Contraloría General se realizó por instrucción del Tercer Consejo Universitario, con base en el artículo 36 del Estatuto General Orgánico, fracción IX, y en el articulo 64, fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, haciendo hincapié en que los universitarios suspendidos son servidores públicos, como se establece en el artículo 108 Constitucional”: “el hecho de que nuestro ingreso provenga del erario nos convierte en servidores”.
Al hablar sobre la supuesta revocación de la rectora y de otras y otros funcionarios de la UACM, Cuenca afirmó que “no habrá otro rector, ni otras autoridades pues el Consejo Universitario nos dio la legitimidad”. Ante la posible intervención de las autoridades del Distrito Federal, la Contralora aseguró que “nos estamos pronunciando porque se respete la legalidad, por el respeto a la autonomía y a la comunidad”, y añadió que: “estamos cansados de impunidad por razones políticas”.
Por su parte, José de Jesús Izquierdo, Abogado General de la UACM, informó que será su oficina la encargada de establecer la responsabilidad laboral en la que incurrieron esas 30 personas, por lo cual, con base en el artículo 28 del Contrato Colectivo de Trabajo, se les citará a una audiencia para que respondan por las acusaciones de falta de probidad y honradez.
El Abogado General explicó que el Consejo Universitario legalmente instalado es el del 22 de agosto, en el cual todas y todos los consejeros cuentan con su respectiva constancia entregada por el Consejo Electoral, además aseguró que “hay cuatro juicios de garantías pendientes sobre los que se van a pronunciar las instancias legales, las cuales le van a dar legitimidad al CU”, por lo que el actuar del Consejo es el legitimo.
Carlos Arriaga afirmó que de los consejeros que sesionan como CU sin serlo, “17 ni siquiera cuentan con el nombramiento respectivo”, mientras que otros ya han sido dados de baja por no asistir a las reuniones.
Sobre la situación de las y los estudiantes Arriaga explicó que sus casos han sido enviados a la Comisión de Mediación del propio Tercer Consejo Universitario, donde se les dará seguimiento.
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