Agencia MANL
Ciudad de México.- Integrantes de Presuncion de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) marcharon del monumento a la Revolución hacía el Senado de la República para denunciar que en el Estado de México continúan la fabricación de carpetas y las irregularidades al interior de la JUCOPO.
Encabezados por el ex prisionero de conciencia, José Humbertus Pérez Espinoza, quien denunció que la reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (JUCOPO) el pasado 23 de diciembre de la presente anualidad, para constituir la “Comisión Especial para Investigar la Detención Arbitraria” (Comisión Especial), del Secretario Técnico de este organismo legislativo José Manuel del Río Virgen es ilegal y se desarrolló con muchas irregularidades.
En la lectura de su posicionamiento expone que la propia creación de la "autollamada Comisión Especial" es inconstitucional y contraviene al principal ordenamiento que regula al Senado de República, me refiero a Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM).
Esto es así, porque la JUCOPO contraviene el artículo 76 de la Carta Magna y el Título Tercero de la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Senadores de la LOCGEUM, en virtud de que ningún dispositivo normativo o artículos de este Titulo Tercero faculta a la JUCOPO para que pueda constituir Comisiones Especiales.
El no contar con las facultades la JUCOPO para instalar Comisiones Especiales, el legislador ordinario estableció lo siguiente: “Artículo 87 del
Cuando el legislador ordinario establece “Cuando lo determine la Cámara con apego a la Constitución y a las leyes” , se entiende que será el Pleno de la Cámara de Senadores y con apego a la Carta Magna y las leyes, quienes constituirán o crearán las Comisiones Especiales que serán transitorias y no la JUCOPO, en tal sentido la “Comisión Especial para Investigar la Detención Arbitraria” del Secretario Técnico de este organismo legislativo José Manuel del Río Virgen, es inconstitucional y contraviene a la LOCGEUM.
En armonía con el artículo 87 antes citado, también el legislador ordinario dejó claro cuales son las atribuciones de la JUCOPO en el artículo 82 numeral 1, incisos (c y (d de la LOCGEUM y al respecto estos dispositivos señalan lo siguiente: “1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones c) Proponer al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las comisiones, con el señalamiento de las respectivas juntas directivas, así́ como a los senadores que integrarán la Comisión Permanente; d) Proponer al Pleno la integración de las comisiones a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura”.
En conclusión la “Comisión Especial” integrada por los senadores y senadoras Dante Delgado (MC), “Presidente” Eduardo Ramírez (MORENA) y Julen Rementería (PAN) “Secretarios”, “Integrantes” Beatriz Paredes (PRI), Raúl Bolaños (PVEM), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Sasil de León (PES), carecen de facultades constitucionales y normativas para realizar funciones legislativas y solicitar a la Fiscalía del Estado de Veracruz la carpeta de investigación y si realizan esta funciones junto al Senador Ricardo Monreal Presidente de la JUCOPO, serán sujetos a responsabilidades administrativas y penales, en virtud que se desplegaría la conducta del delito Ejercicio Ilícito del Servicio Público y otras conductas delictivas.
La Comisión Especial creada por la JUCOPO del Senado es elitista, discriminatoria, atiende a la sociedad política y no a la sociedad civil (por no resolver las detenciones de activistas defensores de derechos humanos y presos políticos en el país), por no atender a miles de detenciones ilegales y arbitrarias de ciudadanos mexicanos para fabricarles delitos, que están presos y sentenciados en las cárceles mexicanas.
Los Senadores de Veracruz Dante Delgado (MC) y Julen Rementería (PAN), porqué no subieron a tribuna y denunciaron la grave represión que sufrieron campesinos del Municipio de Tres Valles, en donde 11 fueron detenidos arbitrariamente y desaparecidos por varios días por realizar manifestaciones y protestas pacíficas en contra de PEMEX, los campesinos solo exigían la reparación de un camino vecinal, ya que la empresa paraestatal los dañó debido a los trabajos y el paso de maquinaria pesada, porque los Senadores no tomaron estas graves violaciones a los derechos humanos, porque son campesinos pobres, sin educación y porque no tienen jefes, amigos o familiares que son Senadores.
Para Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH), el haber constituido la “Comisión Especial” para cuestionar las detenciones ilegales por motivos políticos en el Estado de Veracruz, es un acto de omisión y perversidad política por parte de los Senadores Dante Delgado y Ricardo Monreal, en virtud de que el estado de la República que más detenciones ilegales y arbitrarias para fabricar delitos es el Estado de México y que la mayoría de las detenciones ilegales y arbitrarias se cometen en la entidad mexiquense.
Los Senadores Dante Delgado y Ricardo Monreal asumieron una posición desproporcionada y utilizaron a la JUCOPO para crear la Comisión Especial para atender la detención “ilegal” del Secretario Técnico de éste organismo legislativo, sin embargo porque ante las reiteradas denuncias de familiares en diversas entidades de país por miles de detenciones ilegales y arbitrarias que viven los ciudadanos en México han sido omisos, en virtud que estas detenciones se traducen en torturas y fabricación de delitos, como falsos culpables para sentenciarlos por delitos de alto impacto que no cometieron.
Incluso también en las redes sociales se ve la brutalidad policiaca donde realizan detenciones ilegales y arbitrarias, principalmente del Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, entre otros, incluso en donde la policía de Cancún Quintana Roo disparó en contra de los ciudadanos que protestaban pacíficamente y en donde incluso Senadores que forman parte de la JUCOPO han guardado silencio.
PIDH quiere denunciar que en el Estado de México durante los últimos sexenios se realizaron más de 11 mil detenciones arbitrarias para tortura y fabricar delitos de alto impacto a ciudadanos inocentes, y se institucionalizó, así las detenciones ilegales, la tortura y reformó el artículo 374 en su fracción II inciso d), para que testigos, peritos y víctimas, con declaraciones anticipadas y mediante lectura en el Juicio Oral se tomaran como validos los testimonios de testigos de cargo ausente y sentenciar a más de 4 mil inocentes.
La Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado miércoles 10 de enero de 2018, como inconstitucional el artículo 374 Fracción II inciso d) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que preveía incorporar a la audiencia de juicio oral mediante lectura, las declaraciones de testigos y con esto aclarando que miles de las personas sentenciadas con esta norma fueron brutalmente torturadas, principalmente mujeres.
Incluso PIDH A.C. logró el primer Amparo colectivo en México contra la tortura, en donde mediante el Juicio de Garantías Número 1595/2016-III otorgado por el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Naucalpan Lic. Agustín Gaspar Buenrostro Massiue, otorgó la protección de la Justicia de la Unión por torturar a 409 personas privadas de la libertad (mujeres y hombres) que fueron brutalmente torturadas en el Estado de México, el Juicio de Amparo se resolvió el 28 de mayo de 2018 y no han querido cumplir con la sentencia.
La Carta Magna en su artículo 76 fracción XI, señala que son facultades exclusivas del Senado “Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley….” y también desde el 5 de marzo de 2014, fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo décimo tercero transitorio “Revisión Legislativa”: “A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores remitirán, de manera semestral, la información indispensable a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en el presente Código”.
Es decir, la JUCOPO es omisa y perversa al crear la Comisión Especial para proteger a uno de los suyos y no a los ciudadanos inocentes falsos culpables, tiene conocimiento del fracaso de la Instalación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) y de miles de detenciones ilegales, tortura y fabricación de delitos de alto impacto a inocentes.
Incluso la Revisión Legislativa no se cumplió y simularon el cumplimiento de la Instalación y Consolidación del SJPA, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2016 el Acuerdo entre los Poderes de la Unión para la Consolidación del SJPA, este documento fue firmado por el ex presidente Enrique Peña Nieto, por la SCJN Magistrado Luís María Morales, por el Congreso de la Unión Roberto Gil Zuart, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, esta simulación fue desmentida por el actual presidente de la SCJN Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quién afirmó que policías y ministerios públicos se coluden y miles de falsos culpables inocentes están en las cárceles de México.
Los responsables de la no instalación y consolidación del SJPA son Miguel Ángel Mancera Espinoza, quien le toco como Procurador y Jefe de gobierno responsable del SJPA y los recursos destinados al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) fueron desviados y hasta la fecha no se le ha investigado por ser parte del Cartel Inmobiliario, también responsables de desviar recursos del FASP fue el exgobernador de Hidalgo y Secretario de Seguridad Federal Miguel Ángel Osorio Chong, responsable del Programa Pegasu que no se instaló para perseguir los delitos, si no para perseguir, escuchar a activista y opositores.
Por tal motivo ante las miles de detenciones arbitrarias, tortura, fabricación de delitos de alto impacto y por el fracaso en la Instalación y Consolidación del SJPA, PIDH A.C., en el próximo periodo ordinario de febrero de 2022, presentará la propuestas para que se constituya la Comisión Especial para que se supervise la Instalación y Consolidación del SJPA, propondremos reformas a la Ley de Amnistía Federal para que se retomen los artículo 16, 17, y 18 de la Ley de Amnistía del Estado de México que considera los CASOS QUE POR SU RELEVANCIA o Delitos de Alto Impacto son puestos a la Comisión en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México y reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se constituya la Comisión Nacional de Exoneración para que atienda los casos de Falsos Culpables de Delitos de Alto Impacto de Fuero Federal y del Fuero Común que son inocentes.
Finalmente, para PIDH A.C. solo concluimos “Pobre del Senado de la República tan lejos de la soberanía de los Estados y tan cerca del grupo mafioso que controlan la JUCOPO, presidida por el Senador de la República Ricardo Monreal Ávila.
