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El presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón |
Agencia MANL
México D.F..- El presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, comentó que el anuncio del Presidente de la República merece todo el reconocimiento de su pa a la decisión de voluntad que evidencia el decálogo para modificar y reformar de manera trascendental las relaciones entre la Federación, los estados y los municipios en materia de seguridad, con un enfoque que busca recuperar el estado de derecho, fortalecer los derechos humanos y evitar que se vuelva a reproducir el deterioro social en el que se dan situaciones como las de Guerrero, en particular Iguala y Ayotzinapa.
El anuncio del Presidente de la República no se limita al “Decálogo por la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho”. También, y hay que destacarlo, es su propuesta para impulsar tres zonas especiales de desarrollo económico localizadas donde se expresan con mayor profundidad las contradicciones y las desigualdades del desarrollo mexicano; donde se concentra la marginación, la pobreza, el escaso crecimiento económico y las condiciones que nos hablan de un México de dos velocidades: el desarrollo del norte --vinculado a la globalización-- y el México del sureste, agobiado por el atraso económico y social.
El anuncio del presidente Peña evidencia valentía para reconocer las contradicciones en el país; valentía para reconocer el grado de avance y profundidad del crimen organizado en la sociedad y en las instituciones públicas; valentía para reconocer la debilidad de las instituciones; valentía para sumir el reclamo de que “Ayotzinapa somos todos” por parte de la sociedad; audacia para proponer medidas que propicien la modificación de las relaciones en materia de seguridad entre la Federación, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales.
Medidas que van a profundizar, sin lugar a dudas y para bien, la defensa y preservación de los derechos humanos. El Presidente demostró audacia para proponer una serie de medidas complementarias en el ámbito económico y con el involucramiento de la sociedad. Porque algunas de las medidas que propone el Presidente han sido planteadas por distintos actores de la sociedad civil que han presentado propuestas y reclamos legítimos, como las asociaciones de víctimas o distintas organizaciones no gubernamentales comprometidas con la seguridad del país.
Corresponde a los partidos políticos --y Nueva Alianza está en la mejor disposición para ello-- contribuir a que la modificación a las legislaciones que comprenden las medidas urgentes que propone el Presidente sean aprobadas en el corto plazo; que se identifiquen rápidamente las coincidencias; que se otorgue un voto de coincidencia frente a medidas urgentes que requiere el país para impulsar las transformaciones. En un tema de tal gravedad para la Republica no podemos detenernos en posiciones de partidos. Eso sería contrario al interés de la nación, es decir, de todos los mexicanos.
Los partidos políticos deben dar prioridad a la urgencia y al reclamo social por acabar con la impunidad, por establecer el sistema nacional anticorrupción, por reorganizar las corporaciones municipales de policía, crear el mando único y modificar lo que sea necesario, como hoy propuso el presidente Peña. Todos los partidos debemos, corresponsablemente, ayudar a facilitar a que el Congreso apruebe estas medidas.
Ningún partido político tiene derecho a escatimarle justicia a la sociedad. No tenemos ningún derecho a a lastimar a la ciudadanía si enredamos la aprobación de estas iniciativas que por supuesto deberán ser analizadas y discutidas en la soberanía del Congreso, pero conscientes del reclamo ciudadano y desde la perspectiva de la responsabilidad gubernamental y del Ejecutivo, desde la perspectiva de la corresponsabilidad de los partidos: no desde la perspectiva de la agenda individual, partidista o de intereses que puedan ser afectados.
