Agencia MANL
México D.F..- El fuero constitucional del que gozan los legisladores forma parte de las vetustas disposiciones jurídicas que necesitamos reformar de nuestro marco jurídico porque en muchas ocasiones suscita la impunidad en el servicio público e impide que los funcionarios que sean acusados por delitos penales, puedan responder ante la justicia por sus actos.
La Comisión Jurisdiccional debe fungir como el fiscal que reúne las pruebas acusatorias que se presentan en contra de los servidores públicos y delibera si la autoridad juridicial debe proceder o no penalmente en contra de los servidores públicos que están bajo proceso judicial.
Así lo expresó en entrevista el diputado Omar Ortega Álvarez, en el marco de la instalación de la Comisión Jurisdiccional esta tarde en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La inmunidad constitucional de la que gozan los servidores públicos actualmente evita que se haga justicia en casos en los que son acusados por haber cometido delitos graves.
Recordemos que la inmunidad constitucional le permitió por ejemplo a Oscar Espinoza Villareal evadir la aplicación de la justicia, ya que pese a que la Cámara de Diputados aprobó una declaración de Procedencia en su contra, tuvo tiempo suficiente para fugarse a Centroamérica y con ello evitó que se girara orden de aprehensión en su contra.
Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana también lograron evadir la aplicación de la justicia pues aunque la sección instructora aprobó la declaración de procedencia en su contra por el delito de desvío de fondos en el famoso PEMEXGATE, lograron frenar el dictamen en el pleno, son sólo algunos ejemplos, dijo.
El también dirigente del PRD en el estado de México, sostuvo que para su partido es prioridad insistir en la limitación del fuero de los servidores públicos para que los procesos penales se lleven a cabo de manera expedita y sin mecanismos dilatorios que fomenten la evasión de la justicia.
Ortega Álvarez, detalló que actualmente las sanciones que existen para los sujetos de juicio político consisten en destitución o inhabilitación del servicio público. Sin embargo, la Cámara en pasadas legislaturas ha recibido diversas solicitudes de juicio político, pero que en los hechos están congelados todos los expedientes.
“Es necesario y obligatorio que la actual legislatura acate las disposiciones legales vigentes en materia de juicio político, las palabras nadie por encima de la ley, deben pasar a los hechos.”
El dirigente del Sol Azteca subrayó que como parte de esos pendientes están una solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Veracruz y la que hace unas semanas presentó el Grupo Parlamentario del PRD en contra del ex Procurador Jesús Murillo Karam originado a partir de las graves omisiones y contradicciones que encontró el Grupo de Expertos Internacionales que colabora con la PGR en la investigación del caso Ayotzinapa.
Para concluir, Omar Ortega sostuvo que una de las primeras tareas es la de instalar la subcomisión de Examen Previo de la Comisión Jurisdiccional y a la brevedad hacer públicas todas las solicitudes que le han sido turnadas.
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