México, D.F.- El Contralor General del Distrito Federal, Ricardo García Sainz Lavista, compareció ante la Comisión de Administración Pública Local de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Al evento realizado en la sala Heberto Castillo del Recinto Legislativo de Donceles, acudieron los diputados Alejandro Rafael Piña Medina, presidente; Agustín Torres Pérez, vicepresidente; Adrián Michel Espino, secretario; y los integrantes José Fernando Mercado Guaida, María Gabriela Salido Magos, Gabriel Gómez del Campo Gurza y Ana Julia Hernández Pérez, así como los diputados Miriam Saldaña Cháirez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Jorge Gaviño Ambriz de Nueva Alianza.
Jorge Gaviño, al dar el posicionamiento de partido que representa, compartió con el Contralor algunas cifras que contrastan con lo que García Sainz Lavista presenta en su informe. El también presidente de Nueva Alianza en la capital manifestó que aunque respeta y admira la trayectoria del titular de esta dependencia, procedería a realizar una crítica constructiva.
En materia corrupción, el análisis del 2010 de Transparencia Mexicana, presentado este año, ubicó al Distrito Federal en el último lugar, como la entidad con mayor percepción de corrupción entre su población. Dicho estudio, dijo, mide 35 trámites y servicios y le mereció a la capital del país un indicador de 17.9, el más alto a nivel nacional, en donde 100 es la mayor percepción de corrupción y 0 la menor. La media nacional se encuentra en el 10.3%
Asimismo, aseguró que los anacronismos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son evidentes, no sólo por la regulación del juicio político, la que llamó una figura prácticamente sin uso, sino también, por lo atrasado de las normas en cuanto a las responsabilidades administrativas, en donde el problema fundamental está en que el ejecutivo sigue siendo juez y parte en la fiscalización y sanción de las conductas ilícitas de servidores públicos.
Aseguró que aunque la Asamblea Legislativa no tiene facultades para legislar directamente en esta materia, por ser un tema que le corresponde al Congreso de la Unión, sí puede, de conformidad con sus facultades, enviar una iniciativa de Ley al sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos Locales, de3 acuerdo al Artículo 122 Constitucional, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ, y 42, fracción VIII del Estatuto de Gobierno del D.F.
Gaviño Ambriz, llamó a presentar un proyecto de ley a la altura de las circunstancias. Dijo que este es un tema muy sensible para la sociedad capitalina que padece la corrupción de servidores públicos dotados del mal llamado “fuero”, quienes tienen que responder penalmente. Sentenció que las sanciones por las responsabilidades administrativas, no deben estar a cargo de la Contraloría Local porque se asume el carácter de “juez y parte”, sino que deben de correr a cargo de un órgano jurisdiccional dotado de autonomía para emitir resoluciones.
Jorge Gaviño continuó su participación al asegurar que de acuerdo al último estudio del Banco Mundial “Doing Business Subnational”, dos trámites locales se caracterizaron por ser lentos, caros y sobre-regulados:
En materia de permisos de construcción y de acuerdo al estudio referido, el D.F. ocupa el lugar 20 entre 32 entidades federativas, con un promedio de tiempo para realizar este trámite de 81 días. La complejidad de los trámites y la mala regulación es una velada invitación para la corrupción. Además, los trámites más complejos no garantizan la seguridad pública, las buenas prácticas internacionales demuestran que la seguridad se garantiza mejor con regulaciones simples pero eficaces.
En materia de Registro de la Propiedad es el rubro peor calificado para el D.F. ya que ocupa el lugar 32 de 32 posibles. Dijo que el servicio en esta materia es malo y caro. El número de trámites involucrados es de 7 con 74 días de tardanza en promedio (el más alto a nivel nacional) y con un costo del 5.3% del valor de la propiedad, información que no se ve reflejada en las cifras que presenta en su informe el Contralor.
Durante la ronda de preguntas y respuestas, Gaviño Ambriz dijo a García Sainz Lavista que tanto en la política como en la Administración Pública lo que cuentan son los resultados, por lo que cuestionó la emisión de sentencias cuando está prescrito el asunto, por ejemplo: si un servidor público realiza una conducta irregular el 15 de enero de 2012, de la que no obtiene un beneficio o causó un daño de carácter económico, las facultades para sancionarlo prescriben tres años, por lo que válidamente se le puede notificar el oficio citatorio que inicia el procedimiento administrativo disciplinario el 15 de enero de 2015, teniendo la autoridad a partir de esa fecha, otros tres años para emitir y notificar la resolución sancionadora, es decir, válidamente puede notificar y hacer del conocimiento la resolución, el 15 de enero de 2018.
Por lo que aseguró que el término de la prescripción como regla general es de tres años, y que al tratarse de conductas o infracciones calificadas como graves, la prescripción será de cinco años.
Por otro lado, en el caso de Servimet el agente inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal, expuso un ejemplo acontecido el 17 de diciembre de 2001 en el que Servimet celebró con la señora Pilar Talayero Tenorio, un contrato de permuta sobre un lote de terreno identificado como Ampliación ZE-2, una zona escolar de Santa Fe, a cambio de otro lote de terreno en la misma zona que era de utilidad para el GDF.
Once años después, en el mes de julio del año en curso, el Arquitecto Javier Gutiérrez Muro Pliego, actual Director de Servimet, turnó a la Contraloría General a cargo de Ricardo García Sainz Lavista, el expediente para efecto que se inicie el “Procedimiento de Responsabilidades” al Director de Servimet de aquella época, pero de lo cual no se ha obtenido respuesta, por lo que lo instó a resolver tan problemática.
Antes de finalizar su participación, el alianista Gaviño Ambriz, dijo que de acuerdo con el Informe Anual que rindió la Presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F., para el año 2011, consultable en el portal de Internet de este Órgano Jurisdiccional, en dicho periodo se recibieron 12770 demandas, siendo 518 en materia de responsabilidades.
El mismo informe señala que el 85% de las sentencias dictadas por las Salas Ordinarias de este Tribunal fueron en contra de la autoridad. Del total de las demandas recibidas 9615 (el 85%) recibieron sentencia a favor del demandante y contraria a la autoridad.
Razón por la cual cuestionó quién tiene la razón: ¿El Tribunal o la Contraloría? E instó al servidor público presente, a realizar lo que la ley establece porque mientras se mantenga a controladores que no resuelven situaciones de este tipo se quita presupuesto a la ciudad y se traiciona a la ciudadanía.
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