La Reforma en Materia de Derechos Indígenas: Gran Paso para Salvar una Deuda Histórica

CRONISTA 

Ciudad de México.— La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, ha celebrado la reciente aprobación de la reforma constitucional en el Senado de la República, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos en México. Según Gutiérrez, esta reforma representa un "gran paso para saldar una deuda histórica" con comunidades que han enfrentado discriminación durante siglos.

La legisladora mexiquense, visiblemente satisfecha con el resultado, señaló que la promulgación de esta reforma se llevará a cabo en los próximos días. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, el Estado de México cuenta con 417 mil 603 personas pertenecientes a estas comunidades, lo que equivale al 2.6% de su población total. Entre ellas se encuentran los pueblos mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca, que han habitado esta región desde tiempos prehispánicos.

Gutiérrez Escalante enfatizó que esta reforma, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por unanimidad en el Pleno del Senado, establece a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho público. Esto significa que podrán tomar decisiones de manera libre en sus asambleas comunitarias, así como instituir sus propias formas de gobierno y organización. Además, se les permitirá implementar sus proyectos de desarrollo económico, social y cultural.

Entre los aspectos más destacados de la reforma se incluye el derecho a la consulta libre, previa e informada en cualquier decisión que pueda afectar sus territorios y recursos naturales. También se contempla la protección del patrimonio cultural, material e intelectual de los pueblos indígenas y afromexicanos, asegurando así la preservación de sus tradiciones y conocimientos.

La senadora concluyó afirmando que esta reforma no solo es un reconocimiento a la historia y cultura de estos pueblos, sino un compromiso hacia la justicia social que busca restaurar los derechos que les fueron negados por tanto tiempo. La expectativa ahora es que esta iniciativa se traduzca en acciones concretas que beneficien a las comunidades indígenas y afroamericanas, permitiéndoles vivir con dignidad y autonomía en el Estado de México y en todo el país.

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